La crisis penitenciaria, evidenciada desde hace ya muchos años, tuvo su origen en el crecimiento acelerado de su población. Las condiciones extremas de vida de las personas privadas de libertad han sido el detonante de una serie de eventos críticos para la mayoría de los penales. A la sobrepoblación crítica se suma una altísima tasa de encarcelamiento. Urge impulsar espacios para abordar integralmente el colapso del sistema carcelario. Aquí, las acciones propuestas por el CEJ.

Los datos estadísticos dan cuenta de una altísima tasa de privación de libertad en Paraguay: hay 212 personas encarceladas por cada 100 mil habitantes, y una población cautiva que viene duplicándose cada 10 años. Esta constante condujo a alcanzar la alarmante cifra de más de 18.000 personas privadas de libertad, a mediados del 2024.

La situación, ya inquietante de por sí, es más dramática si se considera el contexto: El 98% de las personas privadas de libertad conviven en un ambiente de sobrepoblación crítica –que se da cuando la densidad de la ocupación de la capacidad es de 120% o más de acuerdo a la definición utilizada por el Comité Europeo–. Es decir, las penitenciarías siguen incorporando personas en medio de la improvisación de recursos, ya que a la incapacidad edilicia de albergar acompaña la imposibilidad de satisfacer las demandas básicas de alimentación, salud, seguridad y de atención necesaria.

Las condiciones extremas de vida provocaron una serie de eventos críticos como los sangrientos motines que han costado la vida a muchas personas privadas de libertad y enlutado a muchas familias –el 7 de marzo 2019, en la Cárcel de Coronel Oviedo; el 12 de marzo, motín en Concepción; el junio de 2019, motín y masacre en la Regional de San Pedro; en septiembre de 2019, motín en la Penitenciaria de Encarnación; 16 de febrero de 2021, motín y masacre en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú–.

Las paupérrimas condiciones de vida que se ofrece a quienes se encuentran bajo custodia del Estado son, en gran medida, consecuencia de un modelo de convivencia que canaliza la mayoría de sus conflictos hacia el sistema de justicia penal, el cual se encuentra completamente desbordado y sin capacidad de respuesta oportuna ni eficiente.

En este sentido, cabe señalar que la situación procesal de quienes se encuentran guardando reclusión en algunas de las 18 penitenciarias distribuidas en el territorio nacional es la siguiente: personas privadas de libertad de sexo masculino, 71% de procesados y 29 % de condenados. Entre las mujeres, el 59% corresponde a condenadas y el 41 % a procesadas.

Urge impulsar espacios intersectoriales e interinstitucionales, donde los distintos estamentos de la sociedad y organismos del Estado, entre otros, se avoquen al tratamiento integral de las situaciones que provocan el colapso del sistema carcelario a nivel nacional.

En este sentido,el CEJ propone las siguientes acciones:

Participación en Mesas de Trabajo Interinstitucionales e intersectoriales: Tendrán como función  analizar y proponer mecanismos de intervención para las principales problemáticas identificadas en el entorno penitenciario. Las conclusiones emergentes deberán servir de base para elaborar nuevos compromisos de trabajo coordinado entre las diversas instancias, con una cantidad de jornadas dependiente de la dinámica de cada una de las Mesas. El documento así elaborado será sometido a la validación de las respectivas instituciones participantes en los encuentros.

Cabildeo con los medios masivos de comunicación:Como objetivo prioritario, se debe considerar una adecuada comprensión de los objetivos perseguidos en las intervenciones y acciones acordadas, así como del impacto que tendrían en toda la sociedad. En este contexto, es fundamental elaborar un Plan de Comunicación que refleje la intención y prevea los mecanismos para lograr el respaldo de importantes medios de comunicación en todo el proceso. Además, es importante que el plan contemple dos componentes básicos: la sensibilización y la información con compromiso.

Alianza con organizaciones de la Sociedad Civil y la Academia:Resulta necesario identificar a las organizaciones de la sociedad civil y del sector académico que puedan compartir la misma visión, y acordar acciones conjuntas. Deberá ponerse especial énfasis en aquellas tendientes a promover modelos de resolución de conflictos alternativos al derecho penal, o que materialicen los contemplados por este, como proyección de sus principios de mínima intervención y subsidiaridad.

Incidencia de organizaciones y personas influyentes en la opinión pública:La especialidad del tema y los beneficiarios que involucra –infractores a la ley penal– requiere de abordajes también especiales y adecuados para su formulación. Será preciso construir argumentos que puedan ser compartidos con actores sociales que puedan y quieran potenciar los mensajes comunicacionales y que sirvan de cimiente para una nueva visión de la seguridad ciudadana y sus mecanismos idóneos. Esto es, una política criminal con enfoque de derechos humanos.

Incorporación de herramientas de protección social para las familias y privados de libertad:Es de vital importancia incorporar a las personas que forman parte de este sector, en situación de vulnerabilidad, al sistema de protección social. La finalidad es incluir como sector beneficiario a los núcleos familiares, o de arraigo de las personas privadas de libertad, que pasen al ciclo de reinserción social a su egreso de las penitenciarias. Esto permitirá contar con la previsión de los recursos necesarios para fortalecer las oportunidades de una reinserción social exitosa. De esta manera, se logrará cortar el ciclo vicioso que provoca reingresos constantes al sistema penitenciario.

Para terminar, solo nos queda señalar que el Sistema Penitenciario, representa un importante sector de la vida en sociedad, en el que vale la pena invertir. La forma en que asumimos y damos salida a los conflictos, en una comunidad, determinará en gran medida los niveles de cohesión social, paz y seguridad que regularan la convivencia ciudadana.