La utilización de la tecnología en el sistema judicial es cada vez mayor. Herramientas tecnológicas como la IA o la informatización de procesos manuales optimizan la gestión de la investigación, además de proveer transparencia, celeridad, acceso a información en tiempo real y de simplificar los trámites. Sin embargo, el uso inteligente de la tecnología como herramienta de apoyo a la gestión, específicamente en el Ministerio Público, presenta algunos desafíos. A continuación, una buena práctica implementada.

En el particular entorno de trabajo al interior de los sistemas judiciales, la cultura del expediente ubica al papel y al trámite como centro y eje del trabajo de investigación. Desterrar esta lógica de trabajo requiere esfuerzos continuos y a largo plazo, en un ambiente donde el uso de la tecnología se enfrenta a la cultura organizacional y al propio ambiente digital casi inexistente.

Por otro lado, los desafíos que se presentan en el Ministerio Público están relacionados al entorno del trabajo y a la característica de los casos sujetos a investigación. Por las características de los casos que atiende, requieren de un abordaje distinto, que abarque no solo la gestión de la investigación, sino también la planificación y la orientación a resultados, con la persecución de estos fenómenos criminales. Esto es especialmente importante en ciertas unidades especializadas que se enfocan en la investigación y persecución de delitos de alta complejidad, como son la trata de personas, la criminalidad económica, organizada y la corrupción pública.

En este sentido, la utilización de la tecnología como herramienta de apoyo a la gestión de las unidades fiscales especializadas puede aportar información de gran valor para la priorización de la investigación. También es importante para la selección de casos basados en la complejidad, y consecuentemente para la planificación estratégica de la persecución penal del Ministerio Público.

El papel impone una mirada segmentada de la investigación

Entre el cúmulo de denuncias que ingresan al Ministerio Público, no existen mecanismos que permitan seleccionarlas en base a criterios de urgencia, priorización o complejidad. Entonces, la mirada del caso predomina sobre la distribución del trabajo. En esta mirada segmentada se pierde información de calidad que pudiera ser útil para encarar investigaciones de fenómenos insertos en mercados ilegales, donde se mueve la criminalidad, o para trazar objetivos de política criminal.

Así mismo, en la microorganización de las unidades fiscales, la tramitación de las denuncias en papel, presenta demoras entre la realización de la denuncia y su conocimiento por parte del fiscal. Por otro lado, el tratamiento de las denuncias en formato papel impide realizar una trazabilidad de la misma, y representa un riesgo por la exposición de información confidencial.

Buena práctica: sistema informatizado de mesa de entrada y tablero de control

El sistema informatizado de mesa de entrada y el tablero de control, que fueron diseñados de forma colaborativa en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público de Paraguay (UDEA), se constituyó en una buena práctica institucional. Permite la optimización del procesamiento de denuncias, agiliza la gestión y la  prioriza según su complejidad, logrando así una respuesta más estratégica y focalizada en la persecución penal de delitos económicos y corrupción.

El sistema informatizado de mesa de entrada y el tablero de control mejoran la transparencia y la protección de datos, garantizando la trazabilidad y confidencialidad de la información, además de reducir considerablemente los tiempos de traslado de grandes volúmenes de papel hasta los despachos fiscales. El sistema identifica la información proveniente de la denuncia, a partir de cuatro indicadores de complejidad, con el fin de lograr la distribución equitativa del trabajo en función a la complejidad.

Los indicadores de complejidad son:

Indicador 1: Hecho y conducta delictiva. El sistema selecciona conductas delictivas con mayor expectativa de pena entre los distintos tipos penales de competencia de la UDEA. Se priorizan el lavado de activos, la lesión de confianza y hechos de corrupción pública.

Indicador 2: Daño al patrimonio del Estado.Este indicador selecciona tres áreas de mayor sensibilidad social en la utilización del patrimonio del Estado: salud, educación y servicios públicos esenciales.

Indicador 3: Perfil del denunciado. El perfil del denunciado se configura en base a la definición de la persona políticamente expuesta, según lo establecido en la Resolución N°50/2019 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), orientada a toda persona –nacional o extranjera–, que desempeña o ha desempeñado funciones públicas.

Indicador 4: Existencia de estructura organizada.Los casos manifiestamente complejos contienen más de un denunciado. Entonces, para precisar el alcance de este indicador, se utiliza la definición dada por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que entiende como grupo estructurado a tres o más personas que durante cierto tiempo actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material.

El sistema informático permite la combinación de los indicadores arriba expuestos, que se extraen de la información contenida en la denuncia, y sigue su curso de forma dinámica durante el transcurso de la investigación. El resultado permite, en primer lugar, clasificar la denuncia en orden a la complejidad y distribuir la carga de trabajo al interior de la unidad fiscal. Posteriormente, los indicadores se van retroalimentando en la medida en que se agregue información al cauce de la investigación.

Así, a partir del desarrollo del sistema informático de mesa de entrada y gestión de denuncias, los agentes fiscales obtienen información según su grado de complejidad, para la toma de decisiones. La generación de la información es inmediata y permite la trazabilidad, desde el ingreso al Ministerio Público.

Se podría tratar de un caso complejo, medianamente complejo o simple. Pero esta clasificación es dinámica, como la investigación misma. De esta manera, la tecnología contribuye a priorizar las investigaciones y a tomar decisiones basadas, en un contexto planificado, hacia una justicia más eficiente